La reciente incorporación de normas NFPA por parte del Gobierno de San Juan constituye un paso firme hacia la consolidación de un ‘ecosistema normativo’ robusto yalineado con estándares internacionales que protegen vidas, bienes e infraestructura. Este avance que articula política pública, normativa técnica, compromiso social e implementación efectiva, muestra un profundo progreso transformador y posiciona a la provincia como referente nacional en la protección contra incendios y seguridad humana. (Ver artículo relacionado)
Dicho logro motiva y abre camino a un siguiente paso en otro eje crítico del desarrollo industrial y social: la seguridad eléctrica.
La energía eléctrica es vital para el desarrollo económico y el avance de industrias estratégicas en la economía del país. Con Vaca Muerta impulsando el crecimiento del sector de hidrocarburos, la expansión de la minería especialmente en Cuyo, el auge del litio en el NOA, el potencial del hidrógeno verde y el avance de energías renovables, se requiere infraestructura eléctrica que aporte confiabilidad y productividad.
Sin embargo, mientras estos sectores avanzan y la matriz energética se diversifica, la seguridad eléctrica no acompaña el desarrollo. Los accidentes eléctricos siguen generando víctimas, pérdidas económicas y litigios laborales.
Frente a este escenario, urge establecer un marco normativo actualizado que ofrezca previsibilidad técnica, confianza a la inversión y aún más importante, seguridad para los trabajadores y beneficios a la comunidad.
Las normas NFPA son una solución validada internacionalmente en diversos países que las incorporan en sus marcos normativos y también siendo aplicadas por organizaciones con operaciones en países donde no resultan obligatorias.
La adopción progresiva de normas como la NFPA 70E (Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo), NFPA 70B (Mantenimiento de Equipos Eléctricos) e inclusive NFPA 70 – NEC (Código Eléctrico Nacional) entre otras, con la debida anuencia, consenso y participación articulada de los diferentes actores y autoridades competentes a nivel nacional, como la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), IRAM, Secretaria de Industria y Comercio, sindicatos afines e instituciones técnicas, entre otras partes involucradas resultara en:
- Reducción de accidentes eléctricos
- Reducción de costos
- Mejora en la continuidad operativa y disponibilidad de activos
- Disminución de conflictos laborales y litigios
- Optimización del mantenimiento eléctrico
- Elevar el estándar profesional y técnico
Estas normas no son recetas ajenas inviables, sino marcos construidos sobre décadas de evidencia, consensos técnicos y análisis de incidentes. Adoptarlas no resta soberanía, fortalecen nuestra capacidad técnica. Podrá haber casos en los que resulte conveniente adaptar metodologías y el conocimiento probado internacionalmente a la propia realidad, mediante una tarea mancomunada entre autoridades competentes y actores locales.
Avancemos hacia un Ecosistema de Seguridad Eléctrica, desarrollando una política nacional especifica y apoyada en pilares fundamentales:
- Marco normativo actualizado: incorporando normas NFPA.
- Formación profesional: fortalecimiento de la capacitación continua y actualizada.
- Responsabilidad estatal: impulso de legislación que posicione la seguridad eléctrica como política de Estado y bien social.
- Cultura de seguridad eléctrica: articulación entre Estado, industria, universidades, sindicatos y asociaciones técnicas.
- Auditoría y control: mediante los mecanismos de inspección, trazabilidad, indicadores de desempeño y cumplimiento normativo.
- Inversión en prevención: promoción de programas de seguridad eléctrica incorporados en los Sistemas de gestión, programas de mantenimiento, uso de tecnología y la gestión de riesgos como activos estratégicos. Actualización de prácticas seguras de trabajo, metodologías y procedimientos que muestran resultados concretos y efectivos globalmente.
San Juan institucionalizo el Día de la Protección contra Incendios, lo que representa un destacado ejemplo de progreso e invita a continuar avanzando en la agenda pública y así institucionalizar la Seguridad Eléctrica más allá del ámbito provincial, con alcance a nivel Nacional.
San Juan dejo demostrado que es posible articular técnica y política pública en favor del bien común. El desafío ahora es replicar este modelo en el ámbito de la seguridad eléctrica, generando una transformación de fondo, con impacto real y duradero.
La seguridad eléctrica no es un costo. Es una inversión estratégica, con retorno inmediato en vidas protegidas, operaciones eficientes y desarrollo sostenido.
Construyamos hoy las condiciones técnicas y humanas que la Argentina necesita para crecer con seguridad, confiabilidad y responsabilidad social.
Patricio Llaneza
Instructor oficial para Iberoamérica de NFPA.
